La Red de Medios Comunitarios pide al Gobierno que incluya a las radios comunitarias expresamente en el despligue de la tecnología de emisión DAB+. El proyecto de real decreto sobre este tipo de difusión digital de la señal no incluye a este tipo de medio de comunicación. Una exclusión que, muy a nuestro pesar, es habitual en las actuaciones normativas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

Todavía está pendiente la planificación de espectro radioeléctrico por parte de la Secretaría de Estado para los servicios de comunicación comunitarios acogidos a las disposición tercera de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2022. La senda de incumplimientos por parte de los gobiernos españoles de diferente color es ya larga, ya que en 2010 la primera Ley General de la Comunicación Audiovisual fijó la obligación de planificar frecuencias para los medios comunitarios: 15 años de incumplimiento. Pero además, otros instrumentos normativos y regulaciones impulsados desde entonces vienen excluyendo sistemáticamente a los medios comunitarios. Esta dejación gubernamental ha motivado varias llamadas de atención internacionales. La última fue la del Media Pluralism Monitor.

Planificación y medidas de fomento
Marginar a los medios comunitarios en la aplicación de la ley genera inseguridad jurídica y dificulta beneficiarse de medidas de fomento que deberían ser ya una realidad, además de retrasar la solución para el resto de radios comunitarias que no pudieron acogerse a la disposición tercera. Aunque en la FM actual sí hay espacio suficiente para los medios comunitarios, la digitalización con DAB optimizará el uso del espectro. “Vamos a seguir reclamando el derecho y la igualdad prevista en la legislación: los medios comunitarios no podemos quedar excluidos por acción u omisión, de ninguna tecnología de emisión”, subraya el presidente de la ReMC, David Gallego. En las alegaciones presentadas por la ReMC, se pide la planificación de espectro y la habilitación para emitir en DAB para los medios comunitarios, así como medidas de fomento e impulso para esa transición, incluyendo la posibilidad de la exención de las tasas públicas que fuera de aplicación, tal y como prevén para la FM convencional algunas comunidades autónomas.

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